El último 24 de junio se celebró como de costumbre el Inti Raymi en el Qosqo. En esta oportunidad no solo estuvimos atentos a la ceremonia más importante del mes jubilar cusqueño, sino también al encuentro de alcaldes y gobernadores regionales organizado por la Municipalidad Provincial del Cusco, con la presencia del  electo presidente Pedro Pablo kuczynski.
En el denominado encuentro “Por la descentralización”, los alcaldes y gobernadores firmaron “La declaración de Sacsayhuaman” documento que  exige entre muchas cosas (como regresar a la reelección de gobernadores y alcaldes y un seguro de vida en favor de estos últimos) la creación del Ministerio para la descentralización, la presencia de representantes de los gobiernos regionales y locales con derecho a voz en el Concejo de Ministros y la reforma presupuestal otorgando el 50 por ciento a los gobiernos sub-nacionales, auto que reúne las propuestas de la última segunda vuelta y medidas interesantes a priori, pero en que el fondo contradicen el proceso de descentralización, que justamente se  inició en el propio Cusco en la  segunda década del siglo pasado  con el partido descentralizador y que tuvo incidencia en la Constitución de 1933.
La descentralización en el Perú ha trazado el camino de la transferencia de competencias a los sub-gobiernos nacionales, dotándoles para este fin de titularidad jurídica, de tal manera que podemos hablar de un proceso de autonomías a las regiones y municipios. Autonomías en las dimensiones políticas, económicas y administrativas que permiten ejercer gobierno en sus jurisdicciones; y que además sirve como garantía ante la intromisión centralista –garantía institucional-. Es decir, el proceso de descentralización sancionado en la Carta del 93 es de fortalecer a los gobiernos locales y regionales en una marcha que termine de despojar de competencias al gobierno nacional, para que estas se ejecuten por el gobierno más inmediato al ciudadano.
Bajo este concepto, el problema del Ministerio de las Regiones o el Ministerio de la descentralización que se pretende crear, que como dice el gobernador de la Región Cusco: “Será el órgano rector de la descentralización”, es una contradicción en sí misma. No se puede apelar a un órgano que perteneciendo a la estructura del gobierno nacional disponga las políticas descentralistas en el país, máxime si estas ya han sido discutidas y dispuestas, tanto el plano jurídico –Constitución y leyes- como en el plano político –Acuerdo Nacional y Plan Bicentenario-.
El tema atraviesa por decisiones políticas que dentro de la arquitectura constitucional de un estado unitario la ostenta el Poder Ejecutivo.
La modificación del reparto de la riqueza hoy concentrado en dos terceras partes en el ejecutivo nacional es decisión política, tanto ejecutiva y parlamentaria. La transferencia programática y sistemática de competencias (en especial las medioambientales y culturales) también son decisiones políticas. La reforma del sistema de control político, que implica el fortalecimiento de los órganos fiscalizadores tanto políticos, administrativos y cuasi-jurisdiccionales también tiene su fondo en una decisión de índole política que obviamente debe atravesar los espacios de debate y concertación.
En ese sentido, pensar en la descentralización obliga a delinear dos frenes: el normativo que buscará una gran reforma en el andamiaje legal; y el institucional que trata de fortalecer las autonomías sub-nacionales que mal o bien ya están tirando raíces.
La creación de un ministerio como ente rector para la descentralización es inconstitucional, no es el camino trazado por la Constitución. La cooperación técnica y económica que se plantea ya la tenemos con el MEF y el  Servir ¡Hay que descentralizarlas!  Burocratizar las gestiones de los representantes de “provincias” resultaría ser un remedio peor que la enfermedad.
 P.D.: Desde esta tribuna saludo la grata visita de la Dra. Mariana Mould de Pease, a nuestra ciudad, quien nos acompañó en las fiestas jubilares. Sin duda, una intelectual amante de nuestra cultura. 
 Por: Aarón Medina
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