Por: Edhín Campos Barranzuela

El próximo 26 de abril se cumple un año de la puesta en vigencia del Plan Piloto de la Vigilancia Electrónica Personal en la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyo objetivo es disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Sin duda, este interesante proyecto producirá un significativo descongestionamiento de las cárceles y, además, constituye una de las más importantes reformas en el sistema penitenciario y que, desde luego, debe potenciarse.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, con ocasión de la apertura del año judicial, ha manifestado que este piloto trata del uso de grilletes electrónicos por las personas procesadas, sentenciadas y condenadas con beneficios penitenciarios; para ello, la pena efectiva se cumplirá con arresto domiciliario y con el uso de dispositivos GPS para la ubicación del imputado.

No cabe duda de que desde su implementación, que se realizó en la quincena de mayo del año pasado, los jueces de la República deben disponer de todos los apremios legales para que se dé cumplimiento a esta medida cuando corresponda, pues el quiebre de las reglas de conducta traerá como consecuencia la revocatoria de la medida impuesta.

A la fecha tenemos una población carcelaria de 82,500 presos, cuando los penales solo tienen una capacidad instalada para 30,000, lo que significa que tenemos 50,500 internos privados de su libertad que no tienen espacio.

Por ello, en su momento, los primeros beneficiados con el Decreto Legislativo N° 1322 son aquellas personas sentenciadas con penas menores de ocho años de pena privativa de la libertad o que estén con prisión preventiva cuya sanción sea también inferior; además, se privilegiará a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o sentenciados por juicios de alimentos y reos primarios.

Para estos casos, el juez definirá el radio de acción del domicilio del procesado o condenado y establecerá la ruta o parámetro de su desplazamiento, incluidos los horarios que tendrá. Si se incumplen con las reglas de conducta, primero existirá una amonestación, y si persiste el incumplimiento, se ordenará el internamiento en la cárcel.

A la fecha, todas las solicitudes presentadas por los internos ante diversos órganos jurisdiccionales tienen un minucioso seguimiento y monitoreo, con el fin de detectar cuáles son los problemas específicos, y para tomar conocimiento de la viabilidad de la vigilancia electrónica personal.

Esta situación viene beneficiando a un porcentaje importante de internos y constituye la primera vez que rige en nuestro país. Además, es un reto para las autoridades judiciales porque depende de ellos darle más impulso a este piloto, a fin de disminuir los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Source: El Sol