Por: Gino Costa

El 11 de enero pasado el Congreso aprobó por unanimidad (106 votos) una iniciativa legislativa mía destinada a avanzar en la formalización financiera y la lucha contra el crimen organizado, especialmente el lavado de activos. Tiene por objeto hacer obligatorio el uso de medios de pago del sistema financiero –depósitos en cuenta, giros, transferencias, órdenes de pago, tarjetas de crédito y débito, cheques, remesas y cartas de crédito– para algunas operaciones susceptibles de ser inscritas en los Registros Públicos.

Estas operaciones son la compraventa de inmuebles y de vehículos terrestres, marítimos o aéreos, así como los aumentos de capital social de las personas jurídicas. Si alguna de estas tiene un costo superior a tres UIT, es decir, a 12,450 soles, deberán hacerse con un medio de pago del sistema financiero, so pena de no ser registradas, bajo responsabilidad de los notarios y los registradores.

Hoy, el uso de medios de pago genera beneficios tributarios, pero no es condición obligatoria para el registro. En adelante lo será.

La obligatoriedad de pasar por el sistema financiero hará que estas operaciones, si provienen de actividades ilícitas, puedan ser detectadas por los mecanismos de prevención del lavado de activos. En la última década, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó presuntos casos de lavado por 14,000 millones de dólares, la mitad por intermedio del sistema financiero.

La iniciativa contempla, además, que las transacciones que involucren insumos químicos y bienes fiscalizados que pueden ser desviados para actividades de minería ilegal y de producción de drogas cocaínicas también dejen huella en el sistema financiero; lo mismo ocurrirá con las transacciones que involucren minerales, muchos de los cuales, especialmente el oro, son producidos ilegalmente.

La autoridad administrativa –la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Energía y Minas– regulará las sanciones que corresponderán a las personas naturales o jurídicas que incumplan con esta obligación.

Todas las fuerzas políticas respaldaron esta iniciativa y han aportado a su materialización.

También han contribuido la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la UIF, la Sunat, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es, además, una de las 100 medidas anticorrupción recomendadas por la Comisión Presidencial de Integridad creada hace un poco más de un año. Su puesta en práctica está en línea con el esfuerzo nacional de acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y será bien recibida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que está evaluando la situación del país en la lucha contra el lavado de activos.

Source: El Sol