Luego que el Gobierno diera por terminado el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, al no cumplirse con el financiamiento necesario para su desarrollo, el Grupo Graña y Montero accionista del 20% de la concesionaria Odebrecht aseguró que cumplirá con todos sus obligaciones financieras dado que cuenta con liquidez para hacerlo, incluso antes de la devolución del monto invertido por parte del Estado.

Hay que precisar que el Grupo Graña y Montero cuenta con cuatro áreas de negocio como son: ingeniería y construcción, infraestructura, inmobiliaria y servicios. Con más de 82 años de experiencia, el área de Ingeniería y Construcción del Grupo Graña y Montero es el socio estratégico para ejecutar proyectos en la región. Ha operado en 11 países de Latinoamérica y tiene presencia permanente en Perú, Chile y Colombia.

Brinda servicios de ingeniería, procura y construcción, y se especializa en los sectores de minería, energía, infraestructura, industria, petróleo, gas y hotelería.

En otras palabras, dicha empresa inmersa en los manejos de Odebrecht pretende recuperar su inversión en el fallido Gasoducto Sur Peruano. Se trata de una millonaria cifra que pretende cobrarle a todos los peruanos. Y por eso coincidimos en las palabras del congresista Wilbert Rozas quien expresó su ‘indignación a la pretensión de la empresa constructora Graña y Montero que en carta enviada a la Superintendencia de Mercados y Valores (organismo adscrito al MEF) pide la devolución de 220 millones de dólares, equivalente al 95% de su inversión en la construcción del Gasoducto del Sur Peruano.

Para todos es público que el Consorcio Gasoducto Sur Peruano constituido por Odebretcht, Enagás y Graña y Montero incumplieron unilateralmente con sus obligaciones derivados por el contrato suscrito con el Estado peruano, no pudiendo realizar su cierre financiero y en razón a ello el Estado, resolvió el contrato y aplicó la carta fianza por un valor de 262 millones de dólares. Graña y Montero es también responsable de este incumplimiento.

Es público y conocido que Odebretcht se negó a suscribir la cláusula anticorrupción que establecía el contrato, ante los evidentes y escandalosos actos delincuenciales en que esta empresa está comprometida en diversos países y también en el nuestro. Y Graña y Montero como socio avaló esta conducta. Es público y conocido que Graña y Montero se incorporó al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, adquiriendo el 20% de las acciones en el mes de septiembre del 2015, luego que ya se conocía los graves actos de corrupción y soborno que era la conducta recurrente de la empresa Odebretcht y sabiendo que su presidente Marcelo Odebretcht ya estaba preso desde junio del 2015, acusado de múltiples delitos.

Es público y conocido que Graña y Montero es un viejo socio de Odebretcht en diversos proyectos y en grandes ganancias como la construcción de varios tramos de la Interoceánica junto con las empresas Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, (también envueltas en graves actos de corrupción), en la construcción del IIRSA Norte (carretera Paita con Yurimaguas). También con Andrade Gutiérrez, en la construcción de la Línea 1 Metro de Lima, en la irrigación Chavimochic, a finales del 2013, etcétera. Es decir que Graña y Montero sabía con quién estaba tratando y cuáles son sus métodos y, por ello, también debe ser investigada sin ningún privilegio. Por lo tanto resulta ofensivo a los intereses de nuestro país, que la empresa del señor Graña Miroquesada reclame algún derecho. No lo tiene. Y exigimos al gobierno de PPK a no ceder a ninguna leguleyada o lobby que pretendan medrar nuevamente a costa de los dineros públicos’. Así sea.

Source: El Sol