Una cifra por demás alarmante es la que señala que más del 50 por ciento de las construcciones en el país son informales., es decir, son realizadas al margen de las disposiciones municipales y sin reunir las condi­ciones de seguridad, absolutamente necesarias en un país como el nuestro altamente sísmico. Ello nos des­cubre un problema mayor: la autoconstrucción que como la automedicación pueden tener desastrosas consecuencias para los usuarios y pacientes. Obras sin supervisión técnica pueden colapsar en cualquier momento. Para obtener una licencia debe contarse con planos y apoyo profesional especializado que se obvian con la informalidad. Concurrentemente, ello deja al descubierto otra realidad: la falta de tenencia de la propiedad pues para todo trámite y licencia hay que ser propietario del predio.

De acuerdo con un estudio realizado por la ONG Gua­man Poma de Ayala y entregado a la Municipalidad Provincial de Cusco, se sabe que toda la periferia de la urbe se localiza en zona de peligro de deslizamien­to alto y que su centro y una de sus vías principales, la avenida El Sol, están en áreas de peligro de aluvión alto. Y es que en la ciudad el 40% de la población vive en zona de peligro. Señala también que uno de los puntos más sensibles es el distrito de San Sebas­tián, hacia el sur. El mapa de peligro de la ciudad de Cusco analiza también la cuenca del río Huatanay, que la atraviesa y sigue hacia el sur, hasta los distri­tos de Oropesa y Lucre, en la provincia de Quispican­chi, en lo que se conoce como el Valle Sur de Cusco. Por tanto, la informalidad es un viejo mal que nos aqueja y que tienen profundas raíces en nuestro sub­desarrollo y en la incapacidad del Estado por atender las demandas concretas de una realidad que cambia y un país que crece. Esto se refleja, además, en las innumerables trabas que se ponen a los emprende­dores de todos los niveles cuando se les exhorta o conmina a formalizarse. Estudios y experiencias han demostrado la importancia de este factor que suma­do a la indisciplina dan como resultado la altísima tasa de informalidad existente en el país en algunos rubros como el constructor.

De ahí la necesidad de que el sistema de licencias de construcción sea sencillo y operativo, de tal manera que obtener una implique un trámite que no demore los tres meses que es de rigor en cualquier municipio. Estas entidades, de otro lado, deben ser más creativas a la hora de crear y operativizar las comisiones respec­tivas para que con la opinión técnica del caso puedan resolver los problemas y no agravarlos o dilatarlos.

El Estado que a veces con su gigantismo propicia la informalidad, también percibe menos impuestos por este fenómeno. El número de metros cuadrados construidos informalmente, no existe para las decla­raciones de impuestos. Ello significa un importantísi­mo drenaje de recursos para el Estado que es menes­ter resarcir con medidas simples pero audaces que ataquen el problema frontalmente.

Somos un país altamente sísmico. Ello nos obliga a la prevención que se traduce en toda una cultura cívi­ca que nos motive a estar siempre preparados para las emergencias y los desastres. En la base de ese proceso debe estar la educación de tal forma que los mensajes de la modernidad se formulen y sean acep­tados por cada vez grupos más numerosos de ciuda­danos. Pero para que ello sea un proyecto en trance de concretarse, es menester que se cuente con el apoyo de los técnicos, en este caso de los especialis­tas y profesionales de la prevención en construcción cuyo aporte para la seguridad de las edificaciones es fundamental. Por ello exijamos que haya licencias de construcciones oportunas y expeditivas y que éstas sean demandadas por todos los actores del mercado. La problemática sustentada en estas líneas ahora co­rresponde a las autoridades, principalmente, munici­pales de toda la región. Así sea.


Source: El Sol