Desde hace varios años, la región Cusco disputa un lugar “privilegiado” a nivel de todo el país. No precisamente por su desarrollo que todos anhelamos, sino por actos ilícitos cometidos en la administración pública por sus autori­dades, aquellas precisamente elegidas por voto popular.

De ser la segunda región con mayores casos de denun­cias de corrupción en el 2015, pasamos a ocupar el pri­mer lugar durante los últimos años. Toda una vergüenza ajena para los bien nacidos en la Capital Histórica del Perú, descendientes de la raza que gobernó con transpa­rencia el Estado Inka.

Empezando por quienes manejaron el Gobierno Regional y terminando en el último alcalde del distrito más re­cóndito de la región cuentan con denuncias de presuntos actos ilícitos en la administración pública.

Y es que la corrupción parece haberse enquistado en las instituciones públicas, prueba de ello es este honroso primer lugar que ocupa la región Cusco en putrefacción política.

De acuerdo a datos oficiales, Cusco marcha adelante en procesos judiciales, investigaciones preliminares y de­nuncias de la sociedad civil.

Según datos oficiales, la Fiscalía Especializada Antico­rrupción de Cusco administra más de 700 casos, la ma­yoría en etapa de investigación preliminar, es decir sin haberse formalizado los procesos en curso.

La gran mayoría están en investigación preliminar porque los casos anticorrupcción son complejos que requieren de informes técnicos y de una investigación más prolija.

Recordemos que en agosto del 2013 se crea la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Cusco con tres fiscales encabezada por la magistrada Etel Marquina y hasta fi­nales del año pasado eran cerca de 800 casos que inves­tigaba el despacho. Ahora suman a más de 900 y estos siguen en aumento.

Son ocho fiscales que laboran en la actualidad y se incor­porarán otros magistrados titulares.

Además, la Fiscalía Especializada Anticorrupción logró sentencias, bajo las modalidades de terminación y con­clusión anticipada pero existen otras investigaciones en proceso. Un panorama que refleja la magnitud de la co­rrupción enquistada en el ámbito regional, es la lista de ex autoridades cusqueñas con orden de captura a nivel nacional e internacional.

Entre ellos, se encuentran: José Ríos Álvarez, ex alcalde de Echarate acusado por colusión: Juan Edues Olivera Ricalde, ex alcalde de Vilcabamba (asociación ilícita para delinquir).

De igual manera, Julián Incaroca Ninancuro, ex alcalde de San Sebastián (lavado de activos); Víctor Arosquipa Hui­che, ex alcalde de San Pedro (violación sexual); Feliciano Pacocha, ex alcalde de Zurite; Policarpo Ccorimanya, ex alcalde San Jerónimo y Elio Pro, ex alcalde de Echarate.

No nos olvidemos que el ex presidente del GRC, Jorge Acurio, también se encuentra detenido por presunta co­rrupción.

En este contexto, debemos aceptar que para alcanzar la consolidación del Estado se requiere garantizar la inde­pendencia política y económica de sus instituciones, in­tervenir en la búsqueda permanente de la paz y del res­guardo de los derechos humanos, e impulsar el bienestar como único camino que otorgará a la población la forta­leza necesaria para superar la dependencia y el atraso. A la luz de nuestra historia y de las actuales realidades, una alternativa posible para cimentar una nueva región es consolidar la democracia. A los cusqueños nos unen mucho más factores que los que nos dividen. Es más, en estos momentos estamos de frente ante un grave proble­ma común, el de la corrupción, que pesa sobre nuestra economía, nuestra cultura, nuestra riqueza y sobre los valores ciudadanos. Hacer frente y prevenir la corrupción implica para nosotros la misma función impulsora de es­fuerzos. Debemos superar el problema de la corrupción por la única vía posible, que es el ejercicio de una demo­cracia auténtica, y en ella la búsqueda de justicia, que sólo será eficaz mediante el adecentamiento de nuestras instituciones. Recordemos, que el único pez que va siem­pre a favor de la corriente es el que muere. Así sea.

Source: El Sol