Por: Lic. Enrique Aguirre Castro

Manifestó recientemente en escrupuloso y sustentado artículo periodístico, el Presidente Ejecutivo de la con­sultora económica Maximixe, Jorge Chávez Álvarez, con el que coincidimos plenamente: El Perú no puede darse el lujo de seguir hundiéndose en una crisis de gobernabilidad. Hay que parar la hemorragia económi­ca originada por una crisis política sin precedentes, al punto de que el Perú venga creciendo a paso de tor­tuga, reduciendo la magnitud de nuevos empleos, au­mentando la informalidad y generando déficits fiscales y endeudamiento público en niveles récord históricos, dentro de un entorno de bonanza económica interna­cional singular.

Para PPK el origen de esta crisis de gobernabilidad es el capricho de la oposición de pretender vacarlo del cargo, sin razón alguna. Sin embargo, para la oposición y una gran mayoría de peruanos, el origen de esta crisis tie­ne que ver con los lazos de PPK con Odebrecht y otras empresas brasileñas protagonistas de la investigación Lava Jato y, en general, con su capacidad de gestionar intereses de clientes privados utilizando su sombrero de funcionario público en simultáneo que le pasa su som­brero de banquero de inversión.

Esta percepción ha ido tomando cuerpo en la medida que han venido apareciendo nuevas evidencias, ya no sólo de conflictos de intereses, sino de casos de pre­sunta colusión que eventualmente podrían configurar presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir, en cuanto habría gestionado nor­mas de excepción, financiamientos y/o garantías es­tatales que implicaron una perdida millonaria para el Estado peruano, a favor de empresas con las cuales PPK tenía vínculos comerciales directamente, a través de su empresa ‘Westfield Capital’, o indirectamente, a través de la empresa First Capital, de su socio chileno, Sepúlveda, en los proyectos: Trasvase Olmos (Odebre­cht), Carretera IRSA Sur (Odebrecht), Carretera IRSA Norte (Odebrecht) y Camisea (Hunt Oil), empresa de la que fue su representante y posteriormente habría favo­recido cuando el Consorcio Plus Petrol, se hizo cargo de la Explotación del recurso energético Gas de Kamisea.

En el caso del proyecto IRSA Sur, el exministro René Cornejo, ex director ejecutivo de ProInversión durante el gobierno de Toledo, ya señaló a PPK como el artífice de la firma del contrato de concesión de dicha carrete­ra, y del marco normativo que permitió que Odebrecht fuera contratada a pesar de estar impedida de contratar con el Estado peruano, así como del decreto supremo que sirvió para exonerar del control del Sistema Nacio­nal de Inversión Pública (SNIP) a dicho proyecto, lo que permitió su sobredimensionamiento.

Ante estas circunstancias, el mejor escenario sería que PPK presentase su renuncia al cargo, permitiendo que el vicepresidente, Martín Vizcarra, asuma el mando si­guiendo estrictamente el mandato constitucional de su­cesión. Así se podría restablecer la gobernabilidad me­llada, dado que Vizcarra es un político cuajado que goza de una trayectoria transparente y un liderazgo susten­tado en el compromiso y la dedicación, libre de vínculos con círculos lobbystas.

De no darse esta salida que sería fantástica para el país en medio de las tinieblas que vivimos, tendrá lugar un segundo proceso de vacancia que ya está en ciernes en el Congreso, cuyos resultados sin embargo son incier­tos. Si nuevamente PPK logra subsistir en el cargo ja­lándole más votos a la oposición, el país seguirá envuel­to en una crisis de gobernabilidad. Es nuestra Opinión.

Source: El Sol