Siempre se ha dicho que la corrupción desmoraliza al ciudadano y pone en tela de juicio la legitimidad de los gobernantes. El ciudadano se pregunta, ¿por qué voy a confiar en autoridades corruptas o que toleran la corrupción? ¿Por qué tengo que pagar impuestos para que empresas corruptas se los metan al bol­sillo? Algunas personas también dirán ¿por qué no puedo robar yo también si a los ladrones de saco y corbata, que roban por millones, no les pasa absolu­tamente nada? Nada más cierto.

Y tal como lo dice Juan Mendoza en su artículo ‘Odebrecht y la corrupción’, “los pagos indebidos a funcionarios y políticos a cambio de favores no pue­den quedar en la impunidad, pues si ello sucede el crimen sí paga para los corruptos. Cuando no se cas­tigan las coimas hay menor incentivo y premio para los funcionarios y políticos honestos de dedicarle tiempo y esfuerzo a servir en la administración pú­blica. Así, si la impunidad campea, quienes avanzan en sus carreras son los corruptos en desmedro de los honestos.

El caso Odebrecht es un desafío central para la eco­nomía y política del país. Si la sociedad civil y nues­tras autoridades actuamos con firmeza y decisión, tenemos una oportunidad para detener la corrupción a gran escala y la impunidad que la alimenta”.

Por eso frente a la crisis estructural que vive nues­tro país, debemos ser claros y enfáticos en señalar que la única reserva moral del pueblo peruano se encuentra en las poblaciones del Perú profundo, las que siempre hemos vivido excluidos por el centralis­mo limeño.

Es evidente que la corrupción y todos los actos de este tipo, se ha institucionalizado durante toda la vida republicana, hace 196 años porque el Estado cayó en manos de una minoría oligárquica, la única responsable de los actos de corrupción.

Por eso, en el caso específico del Cusco, el gas de Camisea demuestra ese nivel de corrupción al que llegó el actual mandatario del país, Pedro Pablo Ku­czynski, el mismo que cuando ministro de Energía y Minas de PPK y, luego ministro de Economía y Finan­zas, “regaló” el gas de Camisea a la Pluspetrol con la correspondiente licencia para la explotación y su exportación a manos de Hunt Oil, SK Corporation y Tecpetrol. En la actualidad, bajo la responsabilidad del consorcio TGP. Este recurso natural se encuentra en suelo cusqueño y, sin embargo no nos beneficia­mos de nada.

Por estas y otras razones, al igual que la posición de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción y por la Defensa Social, condenamos la actual situación de este grave escándalo político nacional que avergüen­za a todos los peruanos ante la mirada internacio­nal. Necesitamos auto convocarnos para asumir la defensa de la soberanía nacional.

Demandamos, la inmediata vacancia inmediata de PPK, así condenamos a todos los políticos involucra­dos en actos de corrupción. Exigimos que no solo sean juzgados y sentenciados sino también inhabi­litados para siempre en el cumplimiento de cargos públicos.

De la misma manera, demandamos la disolución del Poder Legislativo y dentro de la institucionalidad, exigimos la inmediata convocatoria a una Asam­blea Constituyente participativa y, efectivamente democrática, para un cambio de rumbo en la polí­tica peruana con miras al bicentenario de nuestra Independencia. PPK es un organismo débil que hasta una gripe lo puede matar, políticamente hablando. Entonces, un organismo tan débil como él, con las defensas tan bajas, cuidado, cuidado. Es muy en­deble su Presidencia. El Congreso es otro paciente desahuciado. El pueblo tiene la palabra. Así sea.

Source: El Sol