Según Contraloría la corrupción en diferentes niveles de gobierno, causaron perjuicio económico de hasta 22 millones de soles en el 2020
Con la llegada del COVID-19, muchos países en todo el mundo adoptaron una serie de restricciones para introducir estrictas medidas sanitarias y restringir la movilización social a fin de evitar los contagios. En el Perú hicimos lo mismo. Sin embargo, las debilidades institucionales y casos de corrupción estructural que aún permanecen en diversas áreas del Estado, plantearon un reto al desempeño del gobierno para hacer frente a la pandemia, y claramente esto se vio reflejado en los pésimos resultados obtenidos en algunos aspectos claves en materia de salud y la propia reactivación económica.
Recientes reportes muestran al Perú como uno de los peores países en el mundo en la gestión de la pandemia, ocupando el primer lugar en exceso de fallecidos —con más de 1,000 muertes en exceso por millón de habitantes— por la COVID-19 y el mayor exceso de muertes expresado como porcentaje de las muertes normales durante el mismo período. Similar situación pasó en el manejo de la economía durante la emergencia sanitaria, siendo en la región Latinoamericana, el país que experimentó la mayor contracción de su PBI en el segundo trimestre 2020, con una caída del 30%.
El deficiente desempeño demostrado no podría ser atribuido a la falta de asignación presupuestal. Durante el primer año de la pandemia, el gobierno destinó casi 125 mil millones de soles a la atención de la pandemia. Son las fallas en la administración pública y la gestión de los recursos — entre ellas la corrupción e inconducta funcional— las que explican mejor este nivel de performance.
En los gobiernos subnacionales, sumando el perjuicio extrapolado solo en entidades de gobiernos regionales y locales, el ranking de daño patrimonial en términos de monto en nuevos soles se ha mantenido muy similar al año 2019, con excepción de Huancavelica, que habría subido siete posiciones, encontrándose entre los cinco departamentos con los mayores montos de daño por corrupción e inconducta funcional. De igual manera, vemos ligeros cambios al interior del top 5, resaltando el caso de Piura, que sube dos posiciones, ubicándose en la región con mayor monto de daño patrimonial por corrupción e inconducta funcional a nivel de gobiernos subnacionales.
Entre los departamentos que conforman el top 10, se observa que regiones como Áncash, Junín y Cusco se mantienen dentro del ranking, mientras que aparecen algunas nuevas regiones, tales como Ayacucho y Apurímac. Al respecto, cabe destacar que, durante la emergencia sanitaria, Apurímac fue una de las regiones donde diversas denuncias públicas y resultados de servicios de control por los órganos fiscalizadores de la Contraloría identificaron presuntas irregularidades en la adquisición de bienes médicos, como fue el caso de la compra de ambulancias por más de S/ 3.6 millones de soles. Si bien, ante las alertas del órgano de control se pudieron advertir oportunamente algunas situaciones que conllevaron a que la entidad declare la nulidad de la cuestionada licitación, dichos casos reflejan deficiencias de control interno que probablemente han favorecido malos manejos en la administración de los recursos públicos en varias entidades.
Resultados
Según Contraloría, el presente estudio -a través de una extrapolación del perjuicio económico identificado en servicios de control posterior, nuestro indicador de corrupción e inconducta funcional- estima que el daño patrimonial producido por la corrupción y la inconducta funcional en el 2020 asciende a poco más de los S/ 22 mil millones -equivalente a 12.6% del presupuesto ejecutado-, siendo la mayor incidencia en los gobiernos regionales (15.7%) y locales (17.6%), en tanto que en el caso del gobierno nacional la incidencia asciende a 10.3%. A nivel departamental, la incidencia se concentra en las regiones de Huancavelica, Moquegua, Callao, Ucayali y Tacna. Además, se observa que Lima Provincias, Cusco, Apurímac, Ayacucho e Ica son las regiones que más han escalado en el ranking, alcanzando tres de ellas (Lima Provincias, Apurímac y Ayacucho) el top 10 del ranking de incidencia.
Por otro lado, continúa siendo necesario reflexionar sobre los efectos de la corrupción. En particular, sobre lo que ha significado este fenómeno para la democracia peruana y la legitimidad de sus instituciones en el último año. Existen importantes avances en la generación de evidencia sobre los efectos de la corrupción en la productividad empresarial, la corrección de externalidades y la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos; sin embargo, el impacto que produce este fenómeno en la gobernabilidad ha sido menos explorado. Si bien a nivel teórico podemos suponer que existe una correlación entre corrupción y gobernabilidad, así como entre la corrupción y la legitimidad de las instituciones democráticas, este es un campo que aún requiere evidenciar los conductores que podrían explicar dicha relación.
La entrada Cusco en el top 10 de daño patrimonial producido por la corrupción y la inconducta funcional se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.
Source: RPP
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