El Pleno del Congreso ha aprobado en primera legislatura el proyecto que busca la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstensiones se ha aprobado esta reforma constitucional, que incluye también la eliminación de los movimientos regionales. Este debe pasar por una segunda legislatura.

Este proyecto, que modifica los artículos 35, 191 y 194 busca que aquellos alcaldes y gobernadores electos puedan reelegirse por un periodo más. Esta decisión fue celebrado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, dado que fue Fuerza Popular y Avanza País quienes impulsaron estos proyectos.

Reforma constitucional busca la eliminación de los Movimientos Regionales

Este proyecto aprobado también incluye la modificación al artículo 35 de la Constitución, que busca eliminar a los movimientos regionales de la participación política. De acuerdo a este texto sustitutorio, el párrafo primero de dicho artículo busca que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos o alianzas.

Esto ha generado el profundo rechazo de la Asociación de Movimiento Regionales, quienes a través de sus redes, mostraron su descontento ante este texto que busca eliminarlos de toda participación.

Dictamen presenta opiniones divididas

Según un informe del diario La República, la Comisión de Constitución solicitó la opinión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Esta organización se manifestó a favor de la reelección inmediata, argumentando que el plazo de cuatro años es insuficiente para ejecutar promesas electorales y culminar proyectos de inversión pública.

En contraste, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) envió un oficio al Congreso en el que insta a analizar detenidamente “cada uno de los problemas planteados en el dictamen emitido por el Congreso que sustentó la prohibición de la reelección inmediata”.

La reelección de alcaldes y gobernadores fue eliminada previamente para evitar la corrupción, impidiendo el uso de fondos públicos con fines proselitistas durante las campañas electorales. Similarmente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sugirió ob- tener las opiniones técnicas de la Contraloría General de la República, que se encarga de la fiscalización de los fondos públicos.

Por otro lado, en noviembre de 2022, el Ministerio de Justicia emitió una opinión sobre el proyecto 2027 de Patricia Juárez. En su evaluación, concluyó que dicho proyecto carece de un fundamento técnico adecuado y no incluye un análisis del impacto cuantitativo o cualitativo de la norma.