El Pleno del Congreso aprobó en primera votación una ley para obligar a los jueces a aplicar la Ley 31751, más conocida como la ‘Ley Soto’. Esta norma reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción en investiga- ciones, en consecuencia, brinda una amplia probabilidad de beneficiar a los investigados por diversos casos de corrupción. La medida fue aprobada con 52 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

La ley, impulsada principalmente por el congresista Alejandro Soto, establece que la suspensión de la prescripción de la acción penal se acorta a un año. En términos prácticos, esto significa que ciertos delitos podrían prescribir más rápidamente, beneficiando a los acusados al impedir que sean juzgados.

La aplicación de esta norma ha sido duramente criticada por expertos y autoridades judiciales. El constitucionalista Rafael Gertin Barturén y el politólogo Alonso Cárdenas han señalado que esta ley facilita la impunidad y deteriora la imagen del Congreso peruano, ya que parece estar diseñada para proteger a políticos corruptos. En tanto, la Corte Suprema del Perú ha declarado la ley como desproporcionada e inconstitucional, indican- do que su aplicación no es adecuada y debe ser revisada por el Tribunal Constitucional o derogada por el Congreso.

A la fecha, esta norma ha sido utilizada por varios políticos peruanos para evitar condenas judiciales. Entre los beneficiados destacan Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien utilizó la ley para prescribir varios procesos penales en su contra, incluyendo malversación de fondos y otros delitos relacionados con la administración pública. También el expresidente Martín Vizcarra y el congresista Jorge Flores Ancachi han invocado esta ley para archivar procesos judiciales que enfrentaban.

Es por esto que la ley ha enfrentado propuestas de derogación por parte de diversos sectores políticos que consideran que su eliminación es crucial para combatir la corrupción y restaurar la confianza en el sistema judicial y en el Congreso.

A fin de sintetizar, esta norma es vista como una herramienta que ha permitido a varios políticos evitar sanciones judiciales, lo que ha provocado un fuerte debate sobre su legitimidad y la necesidad de reformas para prevenir que leyes similares sean utilizadas en el futuro.

¿Qué jueces han aplicado la ‘Ley Soto’?

De acuerdo con el periodista César Romero, los jueces Ricardo Brousset Salas, Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco Huancas, Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano aplicaron la Ley 31751 al resolver un recurso de nulidad planteado por Olinda Porras Romo, Luis Alburqueque Yeovanny y Juan Carlos Morales Velásquez, acusados y condenados en primera instancia por delito de falsedad ideológica en agravio de la empresa Latino Sur SAC.

A estas personas la Fiscalía les atribuyó un delito que se había cometido hasta abril del 2010, por lo que se consideró que el plazo máximo que tenía el Estado para condenarlos era de 12 años, más un año de suspensión por acciones judi- ciales en otro proceso, en aplicación de la ley Soto, por lo que el caso prescribió en abril del 2023.

Sin la ley Soto, el caso habría prescripto en julio del 2024 y la Corte Suprema habría podido confirmar las condenas impuestas.