La legislatura llega a su fin oficialmente este sá- bado 15 de junio. Pese a ello y ya casi contra el reloj, la Mesa Directiva del Congreso —que preside Alejandro Soto— no ha incluido hasta la fecha en la agenda del Pleno, para su debate y aprobación, los tres informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan sancionar a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (No Agrupado), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Katy Ugarte de Perú Bicentenario.

En el caso de Lizarzaburu, quien renunció recientemente a Fuerza Popular, se ha recomendado la sanción más drástica: 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de haber por sus expresiones agraviantes contra su colega Patricia Juárez. El informe de Ética fue aprobado el 30 de enero; pese al tiempo transcurrido, la directiva parlamentaria lo mantiene encarpetado.

El segundo caso involucra al acciopopulista Jorge Flores Ancachi. También se pide una suspensión de 120 días por descontarle a los trabajadores de su despacho hasta S/7,000 de sus remuneraciones. Finalmente, está Katy Ugarte, para quien Ética aprobó, el 29 de abril, recomendar una suspensión de 60 días por obligar a sus trabajadores a entregarle parte de sus sueldos con el fin de pagar a periodistas de Cusco para mejorar su imagen.

Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, declaró a Perú21 que “es muy difícil que una comisión formada por parlamentarios logre sancionar las inconductas de los mismos congresistas”.

“Es prácticamente imposible que sancionen a los miembros de su propia bancada o a los de otros bloques a quienes en algún momento le van a tener que pedir un voto de apoyo. Sería mejor tener una Comisión de Ética conformada por personas externas al Congreso, exparlamentarios, especialistas o personas que tengan la distancia suficiente, sin compromisos con quienes están siendo sometidos a disciplina”, acotó.