A pocos meses de culminar su mandato edil de cuatro años, y ante la escalada delictiva contra la propiedad, la integridad y la vida en distintos sectores de la ciudad imperial, los ciudadanos exigen cada vez más al alcalde Carlos Moscoso Perea que asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Es lo que prometió insistentemente en su campaña y lo que corresponde en el Estado democrático. Hay que ser sinceros, ya han transcurrido tres años de administración gubernamental y, por tanto, no podemos seguir con medidas aisladas.

De acuerdo a estadísticas oficiales, uno de cada tres cusqueños ha sido víctima de robo o atraco, lo cual es intolerable y podría ser peor. Urge un plan integral, que si bien debe unificar los servicios distritales de serenazgo y los establecimientos del sector privado, tiene que responder primariamente a un liderazgo firme de la autoridad municipal, lo que ha sido soslayado desde la gestión anterior.

Lo urgente ahora es coordinar con las otras autoridades involucradas, empezando por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el sector Justicia y el Poder Legislativo, para propiciar los cambios legales necesarios. En la campaña Carlos Moscoso aseguró que se debería hacer un mapa del delito de la Capital Histórica del Perú, vincular el trabajo del serenazgo con la PNP y las juntas vecinales e, inclusive, que los delitos menores no queden impunes.

Si bien la actual gestión municipal de la provincia cusqueña cumplió con designar a los funcionarios que tienen la difícil misión de llevar los destinos de la ciudad imperial en los próximos meses, último año de gobierno, es necesario también hacer hincapié en que estos profesionales se imbuyan cuanto antes de toda la problemática, principalmente, la referida a seguridad ciudadana.

Recordemos que esta área es una de las más abandonadas en términos de reformas de verdad. Lo que hubo en las diferentes gestiones ediles son algunos intentos modernización de la gestión, la vinculación con algunos alcaldes, pero en realidad la comuna provincial como tal, merece de un proceso de modernización más relevante de acuerdo a los problemas que enfrenta el país en relación a la seguridad ciudadana.

En primer lugar con relación al tema de la seguridad ciudadana hay que redefinir la presencia y dotación policial en lugares en donde la violencia es mayor. En segundo lugar debe haber un sistema mejor de protección social de la policía para que los agentes tengan no solo salarios dignos sino acceso a salud y vivienda, además de mejorar los niveles de responsabilidad civil de la población frente a temas de corrupción y uso excesivo de la fuerza. A partir de allí se puede iniciar un cambio. De igual manera, debe cambiarse los sistemas de entrenamiento, de educación, incrementar los niveles de requerimiento para el ingreso de la fuerza. Debe haber un equipo permanente especializado en las políticas públicas de seguridad, etc.

Por consiguiente, lo más grave sería dejar que las cosas se queden tal como están y que lleguemos a un momento en donde la penetración de crimen organizado sea mucho más fuerte y las instituciones de control dejen de perseguir su misión y empiecen a funcionar de una forma no vinculada con el Estado de derecho. El incremento de los ajustes de cuentas, de homicidios, las actividades de impunidad al interior de las cárceles, todas esas serían las señales de esta bomba explotando. La principal bomba de tiempo es el abandono permanente de la institución en términos de su control y mejoramiento que podría abrir las puertas a un fenómeno de corrupción masiva. Y eso jamás debe permitirse que se instituya en nuestra ciudad. Es lo que seguimos esperando con impaciencia: un plan de acción y su pronta ejecución. Así sea.

Source: El Sol