Desde el Ejecutivo señalan que debe respetarse lo que digan los organismos supranacionales a los cuales el Perú adhiere. En el Congreso, las posiciones lucen divididas y varios legisladores han desmentido a Luis Galarreta.
Mientras que el Ejecutivo, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, está dispuesto a respetar el fallo de la Corte IDH, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, exige no hacer caso.
Mientras que el Ejecutivo, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, está dispuesto a respetar el fallo de la Corte IDH, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, exige no hacer caso. Eloy Espinosa- Saldaña llama a cumplir el requerimiento de la Corte IDH.
El gobierno respetará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que requiere al Estado peruano archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se ve en el Congreso.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por La República señalaron que “la línea” es “respetar lo que determina la justicia supranacional” y que en el caso de los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez no habrá una excepción.
Además (este es uno de los puntos que el Ejecutivo incluye en su razonamiento), Perú es uno de los países cuyos ciudadanos más han recurrido a la competencia de la Corte IDH para defender sus derechos.
Como se sabe, este caso se inicia cuando ex marinos vinculados con la matanza de El Frontón presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC porque, según los demandantes, cambiaron el sentido del voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en una sentencia del 2013. Para los marinos, la rectificación implicaría que las muertes de presuntos terroristas ocurridas en 1986 son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Los magistrados respondieron que solo contabilizaron de nuevo los votos a pedido del procurador del Estado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió la destitución e inhabilitación por diez años de Espinosa-Saldaña y suspensiones por 30 días para Ledesma, Ramos y Miranda. El informe se encontraba pendiente de debate en la Comisión Permanente.
Para la Corte IDH, la acusación genera presiones no solo al TC sino a los jueces de la Sala Penal Nacional a cargo del caso El Frontón. Según el organismo supranacional, se necesita que estos mantengan su independencia para que los familiares de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte (muertos en el develamiento) puedan conocer la verdad de los hechos ocurridos en junio de 1986.
“Debe cumplirse”
El magistrado más comprometido con la acusación en el Congreso era Espinosa-Saldaña, para quien se pedía una inhabilitación de diez años de toda función pública. Recibió a La República al día siguiente de conocerse el fallo.
Dijo que la sentencia debe ser acatada. Lo contrario, adelantó, sería aceptar “la ley de la selva”. “Si recurro a un juez y planteo mis argumentos, es porque voy a cumplir con las reglas de juego. Lo otro es la ley de la selva, lo otro es jugar fútbol y llevarme la pelota porque me meten un gol. No, no. Un elemento clave en cualquier Estado es respetar las conclusiones de quien tiene autoridad para resolver los conflictos, en este caso la Corte IDH”, declaró.
Debe recordarse que, conocida la decisión de la Corte IDH el viernes en la tarde, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, envió una carta dirigida al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que rechazó el fallo y exigió que el Ejecutivo tome acciones legales, por considerar que se pretende vulnerar “la soberanía e independencia” del Estado.
Source: El Sol
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