Por: Lic. Enrique Aguirre Castro
En la época y circunstancias actuales, cuando la corrupción se ha convertido en tema recurrente o de todos los días y, se muestra y presenta en casi todas las esferas sociales; sobre todo en las denominadas altas esferas. La Corrupción está presente en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; es decir en todos los poderes del Estado, Ministerios, gobiernos sub-nacionales regionales y locales, organismos públicos descentralizados, entidades públicas y privadas, etcétera.
Algo tenemos que hacer, plantear y decir frente al cáncer social de la corrupción, que por últimas denuncias al propio Presidente de la Republica PPK, hizo metástasis, (Se Generalizo). Surge la urgente necesidad de hablar de la transparencia como mecanismo democrático y legal para combatir ese cáncer social que se ha generalizado y que está ganando presencia en casi todas nuestras esferas socio-económicas.
Existe la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada por la Ley N° 27927, que está avalada por nuestra Carta Magna o Constitución Política del Estado peruano, que en su art 2, inciso 5 dice: “Es un derecho que le asiste a toda persona solicitar y recibir información de cualquier entidad pública (cualquier persona natural o jurídica lo contempla la ley y, sin necesidad de ejercitar o ser periodistas).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que la transparencia indica la idea, de que toda entidad social debe estar dispuesta a someter sus actividades al escrutinio y examen público. El Perú está suscrito a este Organismo Internacional y por tanto está obligado a dar cumplimiento a las conclusiones a las que se arribó en esta Conferencia sobre Comercio y Desarrollo,
Dice la Ley, que es obligación de toda entidad pública alcanzar información cierta, actual, precisa y completa. Toda información que posea el Estado, en sus tres instancias de gobierno nacional, regional y local, se presume debe ser pública, salvo las excepciones de Ley (armamentismo y políticas de soberanía Nacional). El Estado adopta medidas que garanticen y promuevan la transparencia.
La transparencia evita el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función. Facilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado “Presupuestos Participativos”.
Mediante la normatividad legal existente lo que se busca son: la prevención eficaz de la corrupción, la investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial, la promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción.
Existen mecanismos previstos por la Constitución Política y por Ley, para luchar contra la Corrupción (Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública). Falta que todos nosotros, como sociedad civil y ciudadanos-usuarios, nos empoderemos y entendamos la urgentemente necesidad de asumir ya y ahora, nuestro rol de fiscalizadores de la administración pública, antes de asistir al funeral y muerte de nuestra sociedad, por el cáncer social de la corrupción que está haciendo metástasis y se generalizo. Por eso debemos exigir, que autoridades elegidas democráticamente en el gobierno nacional, regional y local, trabajen permanentemente en procesos de “Rendición de Cuentas” para promover la lucha de la Transparencia versus la Corrupción. Es nuestra Opinión
Source: El Sol
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