Pocos dudan de que la riqueza minera es protagonista del crecimiento económico peruano. Hablamos de una actividad extractiva que se practica en el país desde eta­pas remotas, tal como lo revelan las muestras de mine­ral trabajado que han resistido el paso de los siglos y que hoy se exhiben en museos nacionales y extranjeros. No obstante ese tiempo transcurrido, la buena noticia es que el Perú se ubica entre las naciones de mayor atractivo en América Latina para las inversiones en este campo.

De acuerdo con el reciente ranking de la entidad ca­nadiense Fraser Institute, nuestro país registra mejoras notables en la percepción respecto a políticas públicas y recursos mineros, ha obtenido su mejor puntuación en esta área desde el 2013, y en la región latinoamericana ha logrado desplazar a México, Colombia, Brasil, Ecua­dor y Bolivia.

Así, vemos que el alto nivel de competitividad y los vo­lúmenes de extracción permiten al Perú erigirse como uno de los líderes en esta labor, cuya expansión está garantizada con la ejecución de grandes proyectos en el futuro inmediato.

La labor del Poder Ejecutivo, en ese sentido, ha sido fina porque ha equilibrado el adecuado trabajo de las com­pañías mineras, las condiciones de cada población ale­daña a los centros de extracción, la distribución correcta del canon minero y la efectiva administración de los re­cursos obtenidos a escala nacional. Pese a los altibajos del precio de los metales en años anteriores, ese reto ha sido cumplido con creces y ello se revela en la reciente concesión del megaproyecto Michiquillay.

De acuerdo con el cálculo efectuado por Fraser Institu­te, se han conjugado factores geológicos, variables de ambiente político y componentes de regulación propicia para el desarrollo de la actividad minera. Ello le ha po­sibilitado al Perú situarse en el puesto 14 en potencial minero y 43 en percepción política.

Si a ello le sumamos que el Gobierno tiene en cartera 15 proyectos de inversión en el sector energía y minas que se adjudicarían en breve, las perspectivas son ha­lagüeñas para el corto y mediano plazo, sobre todo por el próximo concurso público internacional para licitar los proyectos mineros de exploración de Colca y Jalaoca, en la región Apurímac.

Los ingresos obtenidos de estos esquemas de inversión favorecen no solo a la caja fiscal, sino también a los gobiernos regionales, provinciales y locales. Conforme a la ley del canon, los réditos obtenidos favorecen a las localidades porque es dinero que va directamente a fi­nanciar obras que la población requiere, conforme a las necesidades identificadas por sus autoridades. De allí la importancia del flujo de capitales al sector minero a fin de continuar por la senda de progreso.

Si bien las inversiones son vitales, en la ecuación del de­sarrollo minero también entran a tallar políticas de me­jora de la competitividad, protección al medioambiente y respeto a los pueblos originarios. La idea es alcan­zar el progreso con un exacto equilibrio de factores, sin afectar el bienestar de las comunidades, ni perjudicar el entorno natural cercano a los yacimientos.

La labor del Ejecutivo ha sido fina porque equilibra el adecuado trabajo de las mineras, las condiciones de cada población aledaña a los centros de extracción y la distribución correcta del canon minero.

Source: El Sol