‘Todo para mis amigos, la ley para mis enemigos’, reza un viejo adagio que aplicado en nuestro país demuestra que los extranjeros y sus consorcios son los más beneficiados en cualquier tipo de imple­mentación de empresas. Por ejemplo, no es difícil ser minero en el Perú. Obtener una concesión de mil hectáreas para cualquier mortal que se autocalifique como productor minero artesanal requiere de un de­pósito de apenas 500 dólares en el Instituto Geológi­co Minero y Metalúrgico (Ingemmet). No se necesita acreditar experiencia minera, ni entregar ningún tipo de garantía, solo basta que la propiedad -al que el interesado aspira a tener en concesión- no haya sido solicitado antes por otra persona o empresa.

La facilidad para obtener una concesión minera ha hecho que el 18,5% del territorio nacional haya sido otorgado con este fin. Esto no quiere decir que en estas áreas haya trabajos mineros; de hecho, según el Ingemmet, solo en el 1% del territorio nacional se hacen actividades de exploración y explotación mi­nera.

Así, de los 128,5 millones de hectáreas (ha) que tie­ne nuestra nación, 23,9 millones se encuentran con­cesionados y de ellos, solo 1,2 millones de ha con­centran operaciones.

Entonces, surge la pregunta: ¿Qué está pasando con cerca de 22,7 millones de hectáreas que han sido entregados en concesión y que no registran actividad alguna?

Lo cierto es que gran parte de este territorio está siendo retenido por pequeños especuladores; otro tanto es conservado por empresas que acumulan concesiones con miras a que en algún momento sean puestas en valor y otro tanto está siendo entregado por sus titulares a mineros informales para su explo­tación, recibiendo a cambio una regalía.

El sistema de concesiones es bueno, pero muchos se aprovechan de ello. Hay gente que denuncia y pone concesiones para especular y aprovecharse de los mineros honestos. También hay aquellos que se aprovechan de los informales cobrándoles cupos y regalías. Varias personas tienen concesiones en pro­vincias y están en Lima tranquilamente sentadas y esperando que los ilegales les paguen sus regalías.

Pero esta práctica de acaparar no solo es hecha a pe­queña escala. Las grandes empresas, también tienen una gran cantidad de concesiones dormidas; pagan­do religiosamente las penalidades y los derechos de vigencia exigidos por ley para mantener en su poder las concesiones.

Según la legislación actual, los concesionarios tie­nen la posibilidad de retener las concesiones por seis años, período durante el cual solo pagan un derecho de vigencia. En el sexto año deben acreditar un mon­to mínimo de inversión por hectárea (en la gran mi­nería es de 100 dólares por hectárea) en exploración o explotación; de no hacerlo pagan una penalidad, que en el caso de la gran minería es de 6 dólares por hectárea –entre el séptimo y duodécimo año– y de 20 dólares por hectárea en los siguientes años.

Por consiguiente, creemos que en general al país le debe interesar poner en valor lo más antes posibles su riqueza minera porque la inacción le puede costar mucho. De esta manera, hay que ser creativos para plantear los cambios necesarios sin matar a la gallina de los huevos de oro, que en este caso es el sector minero. No nos olvidemos que los recursos captados por canon minero siguen disminuyendo. Así sea.

Source: El Sol