No soy de las personas que utiliza la debilidad institucional del Estado para hacerla objeto de burla, verbigracia, policías desprovistos de armas y municiones golpeados por vándalos; trabajadores de la administración pública inoperantes por falta de recursos, logística y materiales; médicos, profesionales y técnicos de la salud sin recursos, materiales y ambientes suficientes para prestar servicios de salud; de hecho, no me agrada imputarle el problema de ineficiencia a quienes son parte del engranaje y no a quienes –realmente- dirigen y gestionan las entidades.
Lo he palpado en carne propia en estos días -aunque no quiero personalizar la columna-, pues, en menos de una semana tuve a mi madre (para una intervención quirúrgica de altísimo riesgo y especialización) y a mi hija (por una intervención de emergencia) en procedimientos médicos sumamente complicados en EsSalud Cusco; sin embargo, al igual que en anteriores oportunidades, creo que, en la medida de sus posibilidades, todos estuvieron a la altura (léase actuaron con absoluta profesionalidad), de modo que es hora de reconocer lo que se hace bien con lo poco que se tiene, ni siquiera solo a nivel de seguridad social, sino, de hospitales públicos en general, qué podríamos decir del Hospital Regional y del Hospital Antonio Lorena, no sé, eso tal vez sea abordado en otra oportunidad.
Ahora bien, el tema de la seguridad social, es sin duda, interesante para el debate y análisis, pues, en palabras de Antonio Ruezga Barba, se trata de un avance social con tinte ideológico, por lo menos así lo entiendo, tal es así que según el académico citado, con el nacimiento de los seguros sociales el riesgo social se fue debilitando, es más se refiere que, el seguro social se hizo obligatorio ante el reconocimiento de ciertos riesgos como hechos perjudiciales para los trabajadores y que éstos, por su imprevisión y carencia de recursos y medios, no estaban en condiciones de afrontar, ya que es obvio que no todos estarían en posibilidad de solventar los costes de la seguridad social, ni siquiera en los países con más recursos, en los que la salud privada, por así llamarla, es mínima.
Relata Ruezga que pese a la obligatoriedad del seguro, la protección sólo procedía –históricamente- si se pagaban las cuotas; de igual forma, las prestaciones se otorgaban si se cumplía con el requisito de trabajar y cotizar, lo que sucede hasta hoy sin duda alguna; sin embargo, el trabajador no encontró en los regímenes de seguro social la solución definitiva a sus problemas de protección ante las contingencias económicas y sociales, de modo que –el autor- concluye que los seguros sociales fueron, sin duda, un paso importante en la búsqueda del bienestar social e individual, pero la lucha seguiría, y en algunos países aún continúa, para alcanzar la meta de la seguridad social.
Para el académico, la concepción de seguridad social se presentó como el siguiente paso de los seguros sociales en su evolución a la cobertura total de los riesgos sociales. Lo que lo convierte, necesariamente, en una manifestación del compromiso intervencionista estatal para llegar a la protección total de la sociedad, pero que en nuestro país es absolutamente imperfecto y está en desarrollo, tal vez por ello, sea objeto de críticas sociales y descontento popular, pero, cómo exigir a un grupo de médicos de turno que realicen múltiples operaciones si las salas quirúrgicas no se abastecen, cómo pedirle a los profesionales de salud la intervención inmediata para los casos que se presentan si no se cuenta con camas y lugares de hospitalización suficientes para ese fin, y así podría seguir con ejemplos de aquello que debería hacernos reflexionar acerca del origen del problema y no acerca de sus efectos, sin duda, a veces se trata de actitud y disposición.
Finalmente, creo conveniente manifestar que más allá del tema político e ideológico que dio origen a la seguridad social, el marco legal internacional prescrito en el Convenio número 102 de OIT abarca en diferentes partes, las ramas de la seguridad social como: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobre vivientes, de modo que, para ratificar el Convenio basta con aceptar las obligaciones relativas a tres de esas nueve ramas, a condición de que entre esas tres figure, por lo menos, alguna de las ramas relativas a las prestaciones de desempleo, de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, lo que es interesante en la letra, pero no en la realidad, a donde deberían apuntar las políticas de salud y seguridad social pública, dado que, en nuestro país esto es todavía incipiente, no obstante, créanme que funciona, por lo menos en nuestra ciudad sí, porque no hay hospital o clínica privada, con la capacidad con la que cuenta la seguridad social, en ese sentido, tal vez debamos partir por reconocer las carencias y los logros que se tienen a pesar estas, por lo menos yo, estoy agradecido.
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