El Perú siempre ha tenido una tradición burocrática. Se crearon muchas instituciones públicas y con ellas demasiados trámites, licencias, sellos, requisitos y, no podía ser de otra manera, más colas; pero además nació un personaje único e imprescindible para la administración pública: El Burócrata (dueño del trámite).
Sucede a menudo que, cuando presentamos una solicitud a una entidad pública nos responden: “Está en tal oficina desde hace diez años a la espera del informe” y al ir a esta oficina, después de dos horas de cola, te encuentras con una persona que  te responde: “Lo vamos a verificar y lo estaremos notificando, vuélvase de aquí un año”, mientras tanto, la Municipalidad ya te está clausurando el local o imponiendo una multa. Tremenda pesadilla.    
Todos los economistas coinciden en que todo trámite y/o acción del Estado equivale a un costo asumido por todos nosotros. Es decir, cada sello, cada formato que llenar y hasta la atención del funcionario tiene un precio que es pagado por el Estado con nuestros impuestos, de manera que a mayores trámites mayores pagos que realizar.
 Pero también la sociedad y el ciudadano asumen un costo adicional. El costo de tiempo al hacer cola o esperar la respuesta del funcionario y el pago de las tasas que requiere la entidad, entre otras cosas, los cuales también son elevados.
La incomodidad de la sociedad frente a un trámite no pasa por el solo hecho de hacerlo, sino por los elevados costos que representa ser formal y en el peor de los casos hasta defenderse. Por ejemplo, ante una Papeleta de Infracción de Tránsito al conductor se le presentan dos alternativas legales y una ilegal: i) El conductor tiene derecho a presentar su descargo (derecho de defensa), sin embargo para ello requiere de algunos conocimientos técnicos sobre la materia y en algunos casos recurrir ante un abogado que lo defienda, al cual hay que pagar sus honorarios que son más caros que pagar la multa. ii) Reconocer la infracción (aunque no tenga responsabilidad)  y pagar con los descuentos ofrecidos por la Municipalidad. Iii) Ofrecer una dádiva al efectivo policial.
No cabe duda que llegar a un acuerdo económico con el efectivo policial es menos costoso que defenderse, por ello es que la sociedad asume que la corrupción puede resultar más beneficiosa y tolerable, si de costo-beneficio se trata, que ceñirse a cumplir las normas y hasta ejercer su derecho de defensa.
Esto ha convertido a la corrupción en una necesidad social a la que muchos están dispuestos a recurrir para no asumir los altos costos de la legalidad, sin importar las nefastas consecuencias. Gana el funcionario, ganas tú.
Claro está que ninguna entidad quiere hablar del tema y eso pasa porque al simplificar los trámites se reduce el margen de actuación (poder) del burócrata y lo que menos quieren es que esto pase, pues así no hay de donde ganarse alguito más o alguien que absurdamente le esté adulando (Doctorcito por favor, le voy a suplicar que lo acelere). Vaya irresponsabilidad.
Johann E. Oporto Gamero.
Abogado.
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