El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de comunicaciones y el secreto bancario del expresidente Alejandro Toledo por los aportes de su campaña en 2011. La decisión estuvo a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundado el pedido del Equipo Especial Lava Jato.

Asimismo, la misma medida fue impuesta al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, y Javier Reátegui, exministros durante el gobierno de Toledo, así como al exjefe de seguridad del mandatario, Abraham Dan On, y otros tres investigados. Asimismo, la decisión comprende al expartido político Perú Posible y la alianza que conformó para participar en las elecciones generales de 2011.

A través de la resolución emitida por el magistrado el 31 de mayo, se dispuso que en un plazo de 7 días hábiles, las empresas de telefonía que operan en el país informen a la Fiscalía sobre los números telefónicos fijos y/o celulares que hayan sido adquiridos y utilizados por los investigados, así como el reporte histórico de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes y las comunicaciones por Whatsapp durante el periodo de 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, también se dispuso que se informe sobre la ubicación física de los celulares correspondientes a los números solicitados durante el periodo autorizado.

Chávez Tamariz también admitió el pedido de la Fiscalía de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria bursátil del exmandatario, así como el de los otros investigados. En ese sentido, ordenó que en el plazo de 10 días hábiles, se remita al Ministerio Público los documentos de las cuentas bancarias nacionales y todas las transacciones que se realizaron a través del sistema financiero nacional.

Así, ordenó que SUNAT y las instituciones que correspondan, remitan el reporte de movimientos de impuesto a las transacciones financieras de los terceros afectados y procesos en calidad de contribuyentes, así como retiros, registros y transferencias de acciones, bonos, letras, hipotecas, valores y cuotas de participación.

La investigación por presunto lavado de activos se originó en 2018, tras los testimonios de el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, sobre aportes de US$ 700,000 que se entregaron a Abaham Dan On para financiar la campaña de Alejandro Toledo en 2011.